La CRE concentró la regulación para renovables en varios modelos de contratos y convenios. El más importante de éstos es el relativo al Contrato de interconexión para fuentes de energía renovable del tipo intermitente. Cabe mencionar que muchos de los beneficios inherentes a este contrato también aplican en el contrato de interconexión para sociedades de autoabastecimiento que entreguen energía eléctrica de fuentes renovables (firmes o intermitentes) exclusivamente a instalaciones de municipios, estados o Gobierno Federal.

Otro modelo relevante es el del Contrato de interconexión para fuentes de energía solar a pequeña escala que aplica a cualquier persona física o moral que instale un equipo fotovoltaico con capacidad máxima de 30 kW que se interconecte a la red eléctrica de CFE en tensiones inferiores a 1kV, y que no requiera portear energía a sus cargas.

Estos instrumentos junto con la temporada abierta, permitieron la construcción de una línea de transmisión para evacuar el potencial eólico en Oaxaca y sentaron las bases para el desarrollo de proyectos con fuentes renovables de energía.

A pesar de lo anterior, el alcance del marco regulatorio mencionado depende de la permanencia de tres elementos: potencial de autoabasto, tarifas elevadas y un mercado atractivo de bonos de carbono para estos proyectos. Dado que ello no es sostenible en el mediano y largo plazo, era necesario que México contara con un marco legal más robusto en la materia, que propiciara incentivos para promover esquemas distintos al autoabasto, abriera la posibilidad de apoyos gubernamentales y explicitara la promoción de las energías renovables como un objetivo de la política energética y la regulación.

Bajo esta lógica, el 28 de noviembre de 2008 se publicó la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, misma que gira alrededor de cuatro principios:

Fortalecimiento institucional en la materia a través del otorgamiento de facultades explícitas a la Sener y a la CRE; establecimiento de un programa de aprovechamiento y una estrategia nacional de transición energética; evaluación de los beneficios económicos asociados a las renovables como criterio para su promoción, y financiamiento gubernamental en diversos aspectos, incluyendo desde la investigación hasta la misma promoción de proyectos.

Con este marco legal y los nuevos instrumentos que expedirá la CRE, se espera el desarrollo de muchos proyectos más, permitiendo que el país aproveche una riqueza de recursos importantes y reduzca su dependencia de las energías fósiles.

Por: Francisco Xavier Salazar Diez de Solano, Presidente Comisión Reguladora de Energía.

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